Maduro cumple cien días en funciones y su actuación exterior ha sido incoherente, contradictoria y extraviada.
Ha transmitido al mundo una imagen de país desorientado, debilitado y a la deriva. Su alejamiento de los preceptos y valores constitucionales ocasionan perjuicios innecesarios para la imagen y credibilidad del país.
Ha caído en confrontaciones absurdas y gratuitas con naciones que han sido nuestros amigos y socios.
A comienzos de año, pretendió normalizar las relaciones con EEUU, luego de un largo período de crispación que mantuvo las relaciones diplomáticas al más bajo nivel. El incipiente diálogo se suspendió pocas semanas después a raíz de unas declaraciones de la Subsecretaria de Estado Roberta Jacobsen que provocaron una desmedida y airada reacción del gobierno.
Un segundo intento se llevó a cabo en Junio pasado en el marco de la Asamblea General de la OEA, en un encuentro entre el Secretario de Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores. En paralelo, se designó a un Encargado de Negocios en Washington, a fin de conducir el diálogo político que, sopresivamente, el gobierno venezolano decidió “dar por terminados los procesos iniciados en las conversaciones
en Guatemala, que tenían por fin la regularización de nuestras relaciones diplomáticas.”
El manejo del Gobierno del caso de Edward Snowden ha sido desafortunado en la forma, en el fondo y en el tono, debido a la manipulación de nociones equivocadas y a las contradicciones en su actuación internacional. En este sentido resultan inoportunas, incoherentes e incomprensibles las manifestaciones y ofertas de asilo de Nicolás Maduro como cabeza de un gobierno que de manera contumaz graba conversaciones privadas, irrumpiendo en la intimidad de una casa o de una oficina y después las divulga en los medios oficiales, en flagrante violación de disposiciones constitucionales que garantizan el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas.
Las bravuconadas contra líderes de otros países han sido también una práctica constante en estos primeros cien días de gobierno. Así pues el Canciller de Perú recibió una recriminación pública por haberse atrevido a hacer un llamado a la “tolerancia y diálogo” entre los venezolanos. Los insultos al Canciller Roncagliolo fueron seguidos de otras decisiones como la amenaza de retirar al embajador de Venezuela en Lima y el envío de una nota de protesta, si no se disculpaban “por la intromisión en los asuntos internos de Venezuela.”
En lo que significa una nueva escalada en el clima de confrontación, los más altos voceros oficiales han arremetido una vez más contra el Presidente del Gobierno español por sus vínculos con los sectores de la oposición venezolana, como consecuencia del inadecuado trato dado al avión presidencial del presidente Evo Morales.
En ese mismo orden, a raíz del encuentro privado entre el presidente Juan Manuel Santos y Henrique Capriles, en mayo en Bogotá, el régimen puso en peligro, una vez más, las relaciones bilaterales colombo venezolanas. La reacción del oficialismo fue desproporcionada, grosera y altanera y para nada cónsona con las prácticas que deben regir el devenir de las relaciones entre dos Estados destinados, por la geografía, a entenderse. Aparentemente el incidente habría quedado saldado con el encuentro en Puerto Ayacucho, de hace pocos días, entre Santos y Maduro; no obstante, habrá que esperar para ver si en realidad este encuentro relanza las relaciones bilaterales colombo venezolanas y las coloca en el prioritario lugar de importancia que merecen en las relaciones externas de nuestro país.
En relación con la asunción por parte de Maduro de la Presidencia Pro témpore en MERCOSUR, cabe decir que en su discurso no pareciera haber cabal comprensión de lo que significa el bloque comercial. Quedó al descubierto el desconocimiento que sobre esa materia tiene el gobierno, cuando se sigue subrayando lo político-ideológico en detrimento de lo sustantivo.
Finalmente, no por ello menos lamentable, es la actitud de cuestionamiento permanente a los organismos de tutela internacional de Derechos Humanos. El informe de la Comisión Interamericana presentado ante la reciente Asamblea General de la OEA celebrada en Guatemala coloca al gobierno de Maduro al margen del Derecho Internacional por negarse a cumplir con los fallos de la Corte Interamericana. “El Estado no puede poner como justificación de su incumplimiento una decisión de un tribunal interno…La existencia de una decisión como la del TSJ, que considere que el fallo emitido por la Corte es inejecutable, desconoce los principios del Derecho Internacional sobre los cuales se fundamenta la Convención Americana.”
En conclusión, podemos afirmar que estos 100 días de Gobierno de Nicolás Maduro, en política exterior, han sido erráticos e incoherentes, donde se ha privilegiado lo ideológico por encima de los intereses nacionales.
Caracas, julio de 2013
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